La reciente aprobación y promulgación de la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios marca un antes y un después para el mercado inmobiliario de la República Dominicana.
La reciente aprobación y promulgación de la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios marca un antes y un después para el mercado inmobiliario de la República Dominicana. Desde 1955, el país operaba bajo un marco legal obsoleto que ya no respondía a las necesidades reales del mercado. Hoy, este nuevo cuerpo normativo representa un paso firme hacia la modernización, la transparencia y la seguridad jurídica, elementos claves para dinamizar el sector y atraer mayor inversión.
La Ley 85-25 sustituye normativas antiquísimas como la Ley 4314 del año 1955 y el Decreto 4807 de 1959.
Su objetivo es:
Actualizar las reglas del mercado de alquileres.
Equilibrar los derechos y deberes de propietarios e inquilinos.
Promover la inversión en proyectos de vivienda y locales comerciales.
Mejorar la seguridad jurídica y la formalidad en los contratos de arrendamiento.
Gracias a esta modernización, el país genera mejores condiciones para construir, alquilar y habitar inmuebles dentro de estándares más claros y confiables.
El propietario solo podrá solicitar hasta dos meses de depósito como máximo.
Esto evita abusos, facilita el acceso al alquiler y promueve mayor formalidad.
Si el contrato no establece un mecanismo de reajuste, la ley fija un límite del 10% anual en alquileres de vivienda.
Esto brinda previsibilidad al inquilino y estabilidad al mercado.
Cuando así se acuerde, los depósitos deben entregarse en sucursales del Banco Agrícola o Banco de Reservas, según la ubicación del inmueble.
Este paso aporta transparencia y control.
Cualquier costo legal relacionado con el contrato debe ser pagado de manera conjunta entre ambas partes.
Un cambio que fomenta equilibrio y evita que la carga recaiga solo en el inquilino.
Las reparaciones y mantenimientos necesarios no pueden ser excusa para aumentar la renta mientras dure el contrato.
Esto protege al inquilino y promueve el mantenimiento responsable.
La ley establece un proceso más transparente y regulado para los desalojos, siempre mediante orden judicial.
Esto reduce los desalojos arbitrarios y fortalece la confianza en el sistema.
Es importante aclarar que la Ley 85-25 no incluye incentivos fiscales directos (como exenciones o reducciones de impuestos) para propietarios o desarrolladores por ofrecer inmuebles en alquiler.
Sin embargo, el contexto general del país sí está viviendo una ola de reformas e incentivos en otras áreas —industria, exportación, tecnología— que complementan la visión de dinamizar la economía.
En el sector inmobiliario, esta ley aporta un elemento clave: seguridad jurídica, indispensable para que los inversionistas se animen a crear nuevos proyectos de alquiler.
Mayor protección legal.
Límites claros a depósitos y aumentos.
Mejor regulación contra desalojos injustificados.
Un marco legal moderno que define derechos y procedimientos claros.
Más estabilidad para gestionar inmuebles de manera formal.
Mayor confianza para invertir en propiedades destinadas al alquiler.
La ley contribuye a un entorno propicio para proyectos de renta.
Incentiva el desarrollo de viviendas asequibles y locales comerciales.
Representa un paso importante hacia la reducción del déficit habitacional en el país.
La Ley 85-25 crea las condiciones para un mercado de alquiler más dinámico, seguro y atractivo.
Los expertos y asociaciones del sector consideran esta legislación como un hito que podría:
Aumentar la oferta de viviendas en alquiler.
Fomentar la inversión formal y de largo plazo.
Modernizar el sistema de desahucios y la relación arrendataria.
Proteger tanto la propiedad privada como el derecho a una vivienda digna.
Esta nueva ley marca un punto de inflexión para el sector inmobiliario dominicano.
Como agente inmobiliaria, me comprometo a orientar a mis clientes, propietarios, inversionistas e inquilinos, para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que esta actualización legal ofrece.
Asesora Inmobiliaria con más de 5 años de experiencia especializada en el mercado de Punta Cana. Mi formación en contabilidad y mi trayectoria como emprendedora me permiten acompañarte con una visión estratégica, clara y orientada a resultados.
Después de más de 15 años viviendo y trabajando en este paraíso caribeño, conozco cada oportunidad del mercado: desde terrenos para desarrollar hasta propiedades para invertir o vivir. Mi misión es ayudarte a tomar decisiones seguras y construir un futuro con propósito.
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